By Vanessa Moses, Executive Director and Kitzia Esteva-Martinez, Community Rights Co-Director

(ESPANOL SIGUE) The unjust treatment of immigrants and refugees took even more of a nose dive last Tuesday. We heard from the highest court in the land that it’s okay for ICE to hold non-citizens indefinitely AND an investigative report was released that found that immigrant children are being held in clandestine group homes.

Why would we think this is anything but incredibly dangerous and draconian?

We denounce the recent SCOTUS decision to roll back constitutional protections of due process for immigrants, stripping them of their legal rights and expanding the detention system.

The court’s conservative faction handed a victory to an administration who is excessively hostile to immigrant populations.

Dismissing constitutional concerns, the Supreme Court last week overturned a ruling by the 9th Circuit Court that made it illegal to arrest someone based on past convictions and then hold them indefinitely pending deportation.

Now, immigrants can face years in a detention facility as their case winds its way through the system, even if their case was adjudicated years before.

We are appalled by this ruling and the “crimmigration” mindset that immigrants need to be caged in Guantanamo-like facilities, all over national territory.

The claim that a class of people is not eligible for due process is a dangerous precursor to fascism. It denies people basic rights to human dignity and access to justice.

This ruling places folks in double jeopardy and in limbo inside of holding facilities where there are no enforceable regulations regarding medical treatment, mental health care, unsanitary conditions, segregation, and physical or sexual violence. ICE operates these facilities with impunity and in turn helps line the pockets of prison profiteers who pull in billions and billions of dollars by locking people up.

The ruling also deeply affects Black immigrants who have been subjected to targeting as non-citizens, and as part of the broader mass criminalization of Black people. Deeply engrained racial bias is a key feature of the criminal justice system.

More than 10 percent of immigrants facing removal proceedings are Black, although they represent about 7 percent of the non-citizen population. Twenty percent who face deportation on criminal grounds are Black, as reported by the NYU Immigrant Rights Clinic and the Black Alliance for Just Immigration.

Alarmingly, a greater body of case law is building saying immigrants don’t have the same due process rights as citizens — that immigrants aren’t “persons” under the due process clause.

We must reject this unjust and blatant attack on immigrants – and on our constitutional protections.

As Supreme Court Justice Stephen Breyer read in an earlier dissent:

“No one can claim, nor since the time of slavery has anyone to my knowledge successfully claimed, that persons held within the United States are totally without constitutional protection. Whatever the fiction, would the Constitution leave the government free to starve, beat, or lash those held within our boundaries?…”

We are also outraged by the recent investigative article in Reveal by Aura Bogado and Patrick Michels, that found ICE has been transferring unaccompanied minors with special needs to at least five off-the-books, out-of-network facilities. These secret sites are holding children as young as 9, according to the article findings.

As is true with detention facilities across the country, many of these facilities have histories of physical and sexual abuse. The Office of Refugee Resettlement, the government agency that cares for unaccompanied minors, has never made the shelters’ existence public or even disclosed them to the minors’ own attorneys despite a landmark class-action case.

We claim that everyone has a right to due process and human rights protections. Now, more than ever, we must double down in fighting to fortify due process for everyone and strengthen and defend our visionary legislation to continue to be implemented at local and state levels.

We will keep on fighting for justice across our movements. We cannot allow this country to turn into a land of the disappeared.

 

 

 

 

 

 

ESPANOL

Nos estamos convirtiendo en un país de desaparecidos

El trato injusto a los inmigrantes y a los refugiados empeoró mucho más el martes pasado. Escuchamos del tribunal supremo del país que está bien que la agencia de ICE retenga indefinidamente a las personas que no son ciudadanas Y también se publicó un informe de investigación que encontró que hay niños inmigrantes recluidos en hogares de grupos clandestinos.

¿En qué momento pudiéramos pensar que esto no es increíblemente peligroso y draconiano?

Denunciamos la decisión reciente del Tribunal Supremo de los EE.UU. de hacer retroceder las protecciones constitucionales de proceso debido para los inmigrantes, despojándolos de sus derechos legales y expandiendo el sistema de detención.

Desechando temas constitucionales, el Tribunal Supremo desestimó un fallo del Tribunal del Noveno Circuito que declaraba ilegal el arresto de una persona con base en condenas anteriores, para retenerlas indefinidamente pendiente a la deportación.

La facción conservadora de la corte le entregó una victoria a una administración que es excesivamente hostil a las poblaciones inmigrantes.

Ahora los inmigrantes pueden enfrentarse a años en un centro de detención mientras sus casos completan su recorrido a través del sistema, incluso si su caso fue adjudicado años atrás.

Estamos horrorizados por esta decisión y la mentalidad de “criminalización de la inmigración”.

La afirmación de que una clase de personas no reúne los requisitos para el proceso debido es un precursor peligroso del fascismo. Les niega a las personas los derechos básicos a la dignidad humana y al acceso a la justicia.

Este fallo pone a la gente en peligro de una sanción doble por el mismo crimen y en el limbo dentro de las instalaciones de retención donde no existen regulaciones aplicables en cuanto a la atención médica, la atención de salud mental, las condiciones insalubres, la segregación y la violencia física o sexual.

La agencia ICE opera en estos centros con impunidad y a su vez ayuda a llenarle los bolsillos a los especuladores en prisiones que ganan miles y miles de millones de dólares mediante el encarcelamiento de la gente.

Este fallo también afecta profundamente a los inmigrantes de color que se ven focalizados como no ciudadanos, y como parte de la criminalización masiva y más amplia de las personas de olor. El sesgo racial es una característica clave del sistema de justicia penal.

Más del 10 por ciento de los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación son negros, pero representan alrededor del 7 por ciento de la población no ciudadana. El veinte por ciento que se enfrenta a la deportación por motivos penales son negros, según lo informado por la Clínica de Derechos del Inmigrante de la Universidad de Nueva York y la Alianza Negra por la Inmigración Justa.

De manera alarmante, una mayor cantidad de casos de jurisprudencia se está desarrollando que dice que los inmigrantes no tienen los mismos derechos al proceso debido de los ciudadanos, que los inmigrantes no son “personas” en virtud de la cláusula de proceso debido.

Debemos rechazar este ataque injusto y flagrante contra los inmigrantes, y contra nuestras protecciones constitucionales.

Como leyera el juez del Tribunal Supremo Stephen Breyer en una opinión de disidencia:

“Nadie puede reclamar, ni que yo sepa, desde los tiempos de la esclavitud ha podido afirmar alguien con éxito, que las personas detenidas dentro de los Estados Unidos carecen totalmente de protección constitucional”. Cualquiera que sea la ficción, ¿dejaría la Constitución al gobierno en libertad de matar de hambre, golpear, o entrarles a latigazos a los que están detenidos dentro de nuestras fronteras? …”

También estamos indignados por el reciente artículo de investigación en Reveal por Aura Bogado y Patrick Michels, quienes descubrieron que la agencia ICE ha estado transfiriendo a menores no acompañados con necesidades especiales a por lo menos cinco instalaciones que están fuera de la red, que no se reflejan en los libros.

Estos sitios secretos albergan a niños incluso de tan solo 9 años, según los hallazgos del artículo. Como sucede con los centros de detención a lo largo del país, muchas de estas instalaciones tienen historias de abuso físico y sexual.

La Oficina de Reasentamiento de los Refugiados, la agencia gubernamental que se encarga de los menores no acompañados, nunca ha hecho pública la existencia de los refugios ni se los ha informado a los abogados de los menores de edad a pesar de un caso histórico de acción de clase.

Afirmamos que toda persona tiene derecho al proceso debido y a las protecciones de los derechos humanos. Ahora, más que nunca, tenemos que duplicar nuestros esfuerzos en la lucha por fortalecer el proceso debido para todos y reforzar y defender nuestra legislación visionaria para que siga siendo implementada a niveles locales y estatales.

Seguiremos luchando por la justicia a través de nuestros movimientos. No podemos permitir que este país se convierta en una tierra de desaparecidos.